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Abstract
La Ley General de Educación Superior generó grandes expectativas para finiquitar la gestión neoliberal de la educación superior e impulsar reformas institucionales, sobre todo en las públicas y autónomas, que padecen problemas financieros, autonómicos, laborales y estudiantiles. Sin embargo, la Ley es contradictoria porque si bien incluye preceptos y demandas históricos, también anula sus promesas y alcances. Al respecto, se observa una serie de contradicciones sobre los derechos a la educación, la gratuidad, así como en la ampliación de la matrícula, la privatización, la política neoliberal de evaluación y acreditación, la política de precarización y diferenciación laboral, los estudiantes y la falta de democracia universitaria para el ejercicio de la libertad de cátedra, expresión de las ideas e investigación. Además, la Ley sujeta a las instituciones a un Sistema y un Consejo de Coordinación, que representan un esquema de control e intervención, donde la coordinación de la educación superior y las universidades autónomas recae en la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de los estados. El único recurso está en retomar la historia centenaria de resistencias y luchas universitarias.