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Abstract
La inclusión de las candidaturas independientes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de las reformas políticas electorales del 2012, 2013 y su reglamentación en 2014, ha impulsado la participación ciudadana; sin embargo, a pesar de que existe un marco jurídico que las regula, se observan restricciones legales y fácticas que enfrentan los candidatos independientes, como el tema del financiamiento público que reciben para sostener sus campañas, el cual es reducido, ello impide que la mayoría de los ciudadanos del país puedan ejercer plenamente este derecho, debiendo hacerlo con recursos propios aquellos que pretendan participar bajo esta modalidad, de ahí que, el derecho a ser votado solo puede ser ejercido por un sector privilegiado económicamente de la sociedad.