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Abstract
A raíz de la crisis inmobiliaria y financiera se han ido aprobando normas estatales y autonómicas que, sin una visión estructural clara, perfilan la dimensión dual con la que el derecho a la vivienda permea la protección del derecho de propiedad frente a (ciertos) acreedores y, por otro lado, delimita este derecho, estableciendo nuevos límites a su ejercicio ordinario. En ambos casos, la tensión con el derecho a la tutela judicial efectiva es evidente. El presente trabajo proporciona una aproximación a las normas estatales y autonómicas que más inciden en estas líneas, para proponer, como una herramienta más, controles de proporcionalidad que eviten soluciones mecánicas.