Las limitaciones de la tipificación de infracciones en materia de fauna silvestre, a propósito del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la refinería La Pampilla

El derrame de hidrocarburos en el mar de Ventanilla ha supuesto un gran reto para las entidades públicas responsables de manejar este desastre ambiental. A ello se suman distintas voces desde la opinión pública que exigen que la refinería La Pampilla, propiedad de la empresa Repsol, asuma su responsabilidad, entre otros aspectos, por la grave afectación causada a la fauna silvestre. En este contexto, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, a través de la Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre Lima, inició un procedimiento administrativo sancionador contra la citada empresa imputándoles, como conducta infractora, actuar con crueldad y causar la muerte de especímenes de la fauna silvestre marina. Sin embargo, esta acción, que podría considerarse como una medida indispensable para alcanzar justicia ante el grave daño ocasionado contra nuestros recursos naturales, podría terminar convirtiéndose en un serio revés en esta búsqueda estatal de justicia ambiental. Del análisis del principio de tipicidad que regula el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa y la legislación sobre fauna silvestre, se verifica que nuestro ordenamiento jurídico no ha incorporado disposiciones legales que permitan sancionar por el agravio originado a la fauna silvestre producto del derrame de hidrocarburos. Estas inconsistencias se evidencian en el proceso para delimitar con precisión la conducta infractora, la cual, al presentar vacíos a nivel de la norma sustantiva, termina proyectando un escenario desfavorable para declarar la responsabilidad administrativa e imponer la sanción correspondiente por los hechos cometidos.