El partido político como actor decisivo de la regulación mediática. Las políticas de comunicación de los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay

Los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay promovieron políticas de comunicación que redujeron el peso de los grandes grupos mediáticos privados y reconocieron legalmente a nuevos actores. Si bien otros gobiernos izquierda sudamericanos a inicios del siglo XXI hicieron lo mismo, la particularidad uruguaya es que eso se dio sin confrontación pública entre gobierno y empresas mediáticas. Este artículo explora cómo fue posible esa combinación atípica. Para ello, indaga en las políticas de comunicación entre 2005 y 2015 a través de una estrategia de process-tracing que se focaliza en las interacciones entre los actores involucrados. En la década analizada, los gobiernos negociaron sus apariciones mediáticas de maneras que consideraron convenientes y los grupos mediáticos, que se percibían más débiles que el gobierno, lograron negociar las políticas de regulación y preservar parte del statu-quo. Ante ese panorama, ninguno de los dos actores buscó romper la relación. No obstante, hubo un tercer actor: el Frente Amplio, partido gobernante, que desde su centralidad, atípica para Sudamérica, jugó un rol definitorio en las políticas de comunicación. Primero, durante el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), y contra la voluntad del presidente, actuó como veto player para impedir el ingreso de los grandes grupos mediáticos en las telecomunicaciones y resguardar a Antel, la empresa estatal líder en servicios de telefonía e internet. Segundo, fue el impulsor de una ley marco para los servicios de comunicación audiovisual que, aunque no contó con un impulso claro del presidente, fue aprobada durante el gobierno de José Mujica (2010-2015).