Los efectos en el sector agroalimentario venezolano de la pandemia de la COVID-19 y las medidas adoptadas para combatirla

En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia a la infección causada por el coronavirus SARS-CoV-2, en tanto que Venezuela declaró cuarentena total y el distanciamiento social 2 días después de detectarse el primer caso, siendo uno los países que más rápidamente reaccionaron frente a ella. Sin embargo, diversas fuentes dan cuenta de fallas y escasez de insumos en los hospitales públicos del país y una tendencia creciente en el número de casos reportados y de fallecidos. El objetivo del artículo es discutir los principales efectos de la COVID-19 en el sector agroalimentario venezolano y los derivados de las medidas adoptadas por para combatirla. Es una investigación documental-descriptiva y analítica, fundamentada en fuentes primarias y secundarias de información. Los principales hallazgos revelan que, análogamente a lo ocurrido al nivel mundial en términos de caída del PIB, del empleo y de la recaudación fiscal de los Estados–, la COVID-19 vino a agravar los problemas estructurales que ya padecía el sistema alimentario venezolano-SAV. En la economía general se redujo la producción de bienes y servicios, con consecuentes efectos sobre el empleo formal e informal, en particular durante los primeros meses de cuarentena y de distanciamiento social. Estas medidas también repercutieron negativamente en el sector agrícola, en parte por la tardanza en instrumentar medidas para evitar su paralización. La escasez de combustible y el precario suministro continúa siendo el principal problema en el sector, afectando la siembra y cosecha del subsector agrícola vegetal, actividades del pecuario y pesquero, así como al transporte. También se ha exacerbado la dependencia externa del SAV, frente a la progresiva merma de la renta derivada de las exportaciones petroleras, registrada ya con anterioridad a la pandemia. Todo ello ha conducido a un deterioro del abastecimiento alimentario y del poder de compra alimentario, en un país que ya presentaba una creciente inseguridad alimentaria y nutricional. La persistencia en implementar políticas económicas y agroalimentarias anacrónicas y demostradamente ineficaces (controles de precios de bienes y servicios, en particular los públicos y del tipo de cambio, subsidios generalizados, expropiaciones, emisiones de dinero sin respaldo, entre otras) han exacerbado la delicada situación del aparato productivo nacional, al tiempo han deteriorado aún más la situación socioeconómica de los hogares venezolanos. Tanto al nivel rural como urbano los ciudadanos manifiestan un marcado deterioro de los servicios públicos (agua potable, electricidad y gas doméstico), así como de la inseguridad, la falta de ingresos y reactivación de la emigración. Por tanto, solo un verdadero viraje hacia la estabilización y los ajustes estructurales (de la economía venezolana, en general, y del sector agroalimentario, en particular), bien planificados y ordenadamente implementados permitirían recuperar –en el mediano y largo plazo– los niveles de producción nacional y de consumo de alimentos que permitan a la población del país alcanzar niveles de seguridad alimentaria y nutricional adecuados.