Política comercial, abasto de grano y jurisdicción fragmentada

Este artículo estudia mediante un caso regional la capacidad de las instituciones representativas en la Europa Moderna para establecer políticas comerciales autónomas ante la fragmentación jurisdiccional, valorando su eficiencia e incidencia sobre los mercados. Tras aplicar vedas y licencias de exportación en años de carestías desde 1521, la Diputación prohibió la exportación de cereal en Aragón desde 1556 cada año para defender su jurisdicción sobre este asunto frente a la monarquía hispánica y favorecer el suministro de la población del reino ante la inflación de los precios del trigo. Sin embargo, su gestión de estas prohibiciones protegió los intereses de nobles laicos y grandes mercaderes. Las Cortes aragonesas regularon la aplicación de vedas en 1585 y 1626 por la Diputación para reducir el desorden y la incertidumbre en el mercado de grano. Aunque esta institución siguió utilizando estas prohibiciones a menudo desde 1585 hasta 1652, su decreciente poder político y económico les restó eficiencia. Por este motivo, buscó una mayor cooperación municipal para combatir la salida de grano en años de carestía. A cambio de ver reconocida su jurisdicción por la monarquía durante el siglo XVII, la Diputación aceptó la exportación libre de impuestos de cereal destinado al ejército real en tránsito por Aragón, favoreciendo su salida hacia Cataluña durante las diferentes guerras franco- españolas acaecidas entre 1635 y 1697. El descenso regular de los precios del trigo en Aragón durante la segunda mitad del siglo XVII consolidó esta apertura comercial, al espaciar la Diputación las prohibiciones y ajustarlas mejor a las fluctuaciones de estos precios. Esta nueva política estimuló una mayor eficiencia e integración de los mercados de grano en Aragón