Derecho económico y códigos de ética de empresas transnacionales: un análisis sobre la vinculación frente al empleo del Derecho Internacional Privado

Abstract

Las empresas transnacionales generan innúmeras dificultades en diferentes contextos jurídicos. La respuesta del Derecho Económico Internacional exigió un cambio de paradigmas: su subordinación a conceptos financieros, motivado por la búsqueda del progreso económico, cedió espacio para agregar la tutela de Derechos Humanos y fundamentales como sinónimo del desarrollo. El resultado fue la elaboración de una serie de normas jurídicas, domésticas e internacionales, que incitan, además de a Estados y organizaciones internacionales, a las compañías transnacionales a la salvaguardia de estos valores primordiales. Prevalece en estos textos un fuerte incentivo a la autorregulación a través de la adopción de programas de compliance o de códigos de ética. No obstante, el principal obstáculo para la efectiva aplicabilidad es el carácter voluntario de estas iniciativas. Este artículo cuestiona, en definitiva, cómo asegurar que la regulación por códigos corporativos viabilice la tutela de los Derechos Humanos y fundamentales, y, por lo tanto, impulse el desarrollo. En una investigación teórica, de rasgo cualitativo, se aboga el empleo de los principios del DIPr. Se postula que la disciplina internacional jusprivatista ejercería funciones regulatorias, típicas del Derecho Público, aunque se denomine privado. Inicialmente, se sostiene que esta disciplina sea empleada en ámbito macro dimensional, para conferir juridicidad a los códigos de ética, al cualificarlos como contratos, fuente de responsabilidad civil extracontractual, declaración unilateral de voluntad o una relación de consumo. A continuación, se defiende el uso del DIPr en el ámbito microdimensional, para permitir el diálogo entre códigos corporativos o legislaciones domésticas. Los principios de la disciplina permiten el desarrollo del Derecho Económico Internacional, porque se adaptan mejor a los contextos. Se trata de una respuesta novedosa que rompe, en definitiva, los límites entre lo público y lo privado: se utilizan instrumentos privados, como empresas y códigos de ética, para la búsqueda de valores propios del Derecho Público.