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Abstract
La cuestión de la participación ciudadana en la vida administrativa ha adquirido en los últimos años un interés renovado, erigiéndose, podemos bien decir, en uno de los retos jurídicos del siglo XXI. Uno de los ámbitos donde quizá se contempla con más fuerza la irrupción de este instituto es la ordenación territorial y urbanística, tanto general como sectorial, ya que se observa como una herramienta práctica para combatir las críticas de aquellos que desconfían de la capacidad de la Administración de ordenar mediante un instrumento de planificación, la compleja y cambiante vida socioeconómica, territorial, ambiental y cultural de un Estado, región o entidad local. Herramienta práctica, pues, que da entrada a la formulación de un plan lo más ajustado a las necesidades reales de la sociedad dando una amplia participación a ésta, antes de la conclusión del instrumento de ordenación.